WASHINGTON— El Departamento del Interior del presidente Biden propuso hoy llevar a cabo hasta 11 ventas de arrendamiento de aguas marinas a compañías de petróleo y gas para perforación y fracking. los propuesta de borrador podría ofrecer 10 ventas de arrendamiento en el Golfo de México y potencialmente una en Cook Inlet, Alaska. Todas las ventas se realizarían entre 2023 y 2028.
“Estamos preocupados por la decisión de la administración Biden de continuar con el arrendamiento de petróleo y gas en el Golfo y en otras partes de los EE. UU.”, dijo Cyn Sarthou, director ejecutivo de Healthy Gulf. “Ahora no es el momento de continuar con los negocios como siempre. La amenaza continua que representa el cambio climático requiere que la nación se concentre en una transición a la energía renovable”.
“Este plan de Biden podría dar luz verde a perforaciones más destructivas a expensas de las comunidades del Golfo, la ensenada de Cook en Alaska y el clima global”, dijo Brady Bradshaw, activista sénior de océanos en el Centro para la Diversidad Biológica. “El presidente Biden hizo campaña sobre el liderazgo climático, pero parece dispuesto a defraudarnos en el peor momento posible. La aprobación imprudente de aún más perforaciones en alta mar significaría más derrames de petróleo, más vida silvestre muerta y comunidades más contaminadas. Necesitamos un plan de cinco años sin nuevos arrendamientos”.
“Esta decisión es increíblemente decepcionante frente a los impactos climáticos en curso que ya están siendo profundamente sentidos por nuestra comunidad en Alaska”, dijo Liz Mering, directora de defensa de Cook Inletkeeper. “Los habitantes de Alaska han trabajado para garantizar que Lower Cook Inlet siga siendo este lugar increíble para nuestra industria pesquera y turística, que respalda una economía local próspera. Treinta y tres años después del horrible Exxon Valdez desastre, los habitantes de Alaska todavía recuerdan y reconocen el riesgo de que más petróleo ensucie nuestras aguas, mate a nuestros peces y dañe a los habitantes de Alaska”.
El plan de arrendamiento es otro ejemplo de cómo Biden rompe las promesas de la campaña de poner fin al arrendamiento federal de combustibles fósiles.
A principios de esta semana, la administración Biden reanudó el arrendamiento de petróleo y gas en terrenos públicos, las primeras subastas desde que el presidente detuvo el arrendamiento poco después de asumir el cargo. En 2021, la administración ofreció más de 80 millones de acres del Golfo de México para arrendamiento de petróleo y gas, pero un gobierno federal juez más tarde rechazó esas ventas, diciendo que el análisis ambiental del Departamento del Interior era defectuoso.
El plan de hoy también rechaza un 2021 legal petición presentado por grupos conservacionistas e indígenas que solicitan un plan de arrendamiento sin nuevos arrendamientos.
El Golfo de México tiene una larga historia de ser la «zona de sacrificio» del país para la perforación en alta mar. La contaminación tóxica del aire y el agua creada por la industria ha dañado desproporcionadamente a generaciones de comunidades negras, marrones, indígenas y de bajos recursos que viven en toda la región. La mayor parte del petróleo transportado a tierra desde el desastre de BP fue arrojado en estas comunidades. Los grupos dicen que Biden debería garantizar una transición justa lejos de los combustibles fósiles, en lugar de profundizar la dependencia del petróleo.
La industria del petróleo y el gas actualmente arrienda más de 10,5 millones de acres costa afuera para la extracción continua. Según un reciente Informe de las Naciones Unidas, “los recortes rápidos y profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero” son necesarios para que los gobiernos eviten un calentamiento de 1,5 grados centígrados y un impacto grave e irreversible en la seguridad alimentaria y del agua, la salud y la seguridad públicas y la biodiversidad. Preservar un planeta habitable significa que no solo debemos terminar con el arrendamiento de nuevos combustibles fósiles, sino también terminar con la aprobación de nuevos proyectos de combustibles fósiles y eliminar gran parte de la producción existente.
Interior aceptará comentarios públicos sobre el plan durante 90 días. La agencia debe tener en cuenta estos comentarios públicos antes de finalizar el plan.
El presidente tiene la autoridad para poner fin a todos los arrendamientos federales de combustibles fósiles tal como lo prometió.
